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05-02-2018
Catarsis ética
OPINION

Abrumados, los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, por un ecosistema de corrupción en las adjudicaciones de concursos públicos; sometidos, en ocasiones, a presiones externas e internas para la contratación y modificación de contratos; obligados a practicar un funambulismo ético tangente a los círculos a evitar; hemos trabajado durante el año 2017 en la redacción de un código ético y deontológico en el que encontrar confortabilidad moral y seguridad profesional.

 

El rosario de casos de corrupción que conmueven nuestro extraordinario país y la proporción de ellos vinculados a la construcción, erosionan nuestra reputación como colectivo. Es perceptible en las expresiones de la ciudadanía, el estigma de sospecha que gravita sobre todo aquel que se dedica al exigente mundo de la obra en cualquiera de sus facetas.   

 

Sin reputación, simplemente no hay futuro profesional, o éste será marginal. Internamente lo encontramos injusto, dada la proporción real de casos, pero debemos aceptar que así es para un porcentaje elevado de nuestros compatriotas.

 

La necesidad de integridad y transparencia en la contratación pública es imperiosa, hasta tal punto que la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que entrará en vigor en el mes de marzo, enuncia dichos principios en su artículo primero. Que el dinero público es de todos los ciudadanos debe ser un axioma omnipresente y, es por ello, por lo que la sociedad y sus representantes deben trabajar infatigablemente en la búsqueda y diseño de un sistema de evaluación de ofertas y de ejecución de los contratos justo y equitativo. Supuestamente, el nepotismo acabó hace décadas y la legislación vigente ofrece mecanismos apropiados para hacer realidad esta necesidad vital.

 

La nueva metodología de trabajo a implementar en los próximos años, denominada Building Information Modeling BIM, obligará a que Administración Pública, Ingeniería Proyectista, Empresa Constructora, Dirección de Obra y Empresa Explotadora, compartan y trabajen sobre el mismo proyecto en tiempo real y considerando el ciclo de vida de la infraestructura.  Se trata, por consiguiente, de una enorme oportunidad para mejorar el sistema y evitar falsedades y modificaciones innecesarias.

 

El código ético y deontológico del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, actualmente en fase de incorporación de las alegaciones recibidas por parte de los Colegiados, integra valores éticos y obligaciones deontológicas, pretendiendo constituirse en un seguro para el ejercicio responsable de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, independientemente de la posición que se ocupe en la cadena de valor del sector de la obra pública. Puede generar, por consiguiente, una auténtica catarsis ética. Que así sea.

 

 

Laura Tordera González nº 23.113 e Ignacio Sánchez de Mora y Andrés nº 16.968, presidenta y vicepresidente de la Comisión de Ética y Transparencia.

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

 

 

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