Siete patronales de la ingeniería de consulta han denunciado a la empresa pública Ineco por competencia desleal ante los juzgados de lo mercantil de Madrid. Se trata de las organizaciones que representan al sector en Andalucía (Asica), Galicia (Ageinco), Castilla y León (Acalinco), Aragón (Asincar), Cataluña (Asinca) y Valencia (Avinco), así como la Asociación de Empresas de Consultoría e Ingeniería Independientes de Infraestructuras, Arquitectura, Instalaciones, Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías (Aseci).
Según un comunicado conjunto «el sector de la ingeniería de consulta prosigue con paso firme en su determinación para detener la competencia desleal de la empresa pública Ineco, cuya cifra de negocio superó los 273 millones de euros en 2018, de los que más de 225 se ejecutaron en España».
Denuncian que la actividad de la compañía que preside Carmen Librero reduce significativamente el tamaño del mercado disponible para las empresas privadas». Dicha jibarización viene producida, según estas organizaciones, por «los continuos y cuantiosos encargos» que recibe de sus accionistas: Enaire, Adif, Adif-Alta Velocidad y Renfe, y de otras empresas públicas como Aena, para compensar su actividad internacional, limitada por Ley al 20%.
El siguiente paso será acudir a la Comisión Europea al objeto de que se investiguen posibles ayudas de Estado
Fuentes patronales revelan que la denuncia en los juzgados de lo mercantil es la segunda vía de un total de tres planificadas. Así, una vez interpuesta una denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en enero de 2018, y una demanda por competencia desleal en el juzgado de lo Mercantil, el pasado mes de mayo, el siguiente paso será acudir a la Comisión Europea al objeto de que se investiguen posibles ayudas de Estado.
Las organizaciones admiten que «son conocedoras de que se trata de una acción costosa y de largo plazo». Para los primeros requerimientos ante la CNMC, que se comenzaron en 2015, «se ha tenido que contratar un despacho jurídico especializado en derecho administrativo y de la competencia», pero confían en que tanto las autoridades de competencia como las judiciales «detendrán los encargos masivos a la empresa pública por parte de las entidades dependientes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, requilibrando el mercado».
La reciente demanda por competencia desleal ante el juzgado de lo mercantil de Madrid se basa en la «violación de normas» tipificada en la Ley de Competencia Desleal y persigue un doble efecto: que cesen los encargos y que Ineco pierda la condición de medio propio, lo que, en caso de estimación, se calcula que «podría incrementar el mercado privado de ingeniería en España en más de 150 millones de euros anuales», según las estimaciones de las patronales denunciantes.
El escrito de demanda se complementa con un informe pericial que audita las cuentas de Ineco, prestando especial atención a sus criterios contables de imputación de horas para justificar su actividad internacional, que debe estar limitada al 20% del total según la Ley de Contratos del Sector Público.
Ineco recibe encargos que se abonan según tarifa mientras que las empresas privadas compiten económicamente a la baja
En la nota, las ingenierías privadas hacen notar que «la decidida internacionalización de la empresa pública española, presente en 53 países de los cinco continentes, debilita al sector privado, ya que captura cuota del mercado nacional hasta compensar el 80%».
Adicionalmente, Ineco recibe encargos que se abonan según tarifa mientras que las empresas privadas compiten económicamente a la baja sobre unos precios de salida que de por sí son inferiores a la tarifa de la firma pública. «El efecto es doblemente pernicioso para España, ya que encarga a un precio superior al de mercado y debilita un sector estratégico basado en el conocimiento», remachan.
Las patronales aseguran que son conocedoras de que se trata de una acción costosa y de largo plazo. Los primeros requerimientos ante la CNMC comenzaron en 2015 y se ha tenido que contratar a un despacho jurídico especializado en derecho administrativo y de la competencia, pero “confían en que tanto las autoridades de competencia como las judiciales detendrán los encargos masivos a la empresa pública por parte de las entidades dependientes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, reequilibrando el mercado”.
La demanda por competencia desleal ante el juzgado de lo mercantil de Madrid, se basa en la “violación de normas” tipificada en la Ley de Competencia Desleal y persigue un doble efecto: que cesen los encargos y que Ineco pierda la condición de medio propio (es decir, que se pueda contratar sin sacarlo a concurso) o que, en caso de estimación, se calcula que podría incrementar el mercado privado de ingeniería en España en más de 150 millones de euros anuales.
El escrito de demanda se complementa con un informe pericial que audita las cuentas de Ineco, prestando especial atención a sus criterios contables de imputación de horas para justificar su actividad internacional, que debe estar limitada al 20% del total, de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público, según los demandantes. “Debe notarse que la decidida internacionalización de la empresa pública española, presente en 53 países de los cinco continentes, debilita al sector privado, ya que captura cuota del mercado nacional hasta compensar el 80%”, subrayan las patronales.
“Adicionalmente”, añaden que “Ineco recibe encargos que se abonan según tarifa mientras que las empresas privadas compiten económicamente a la baja sobre unos precios de salida que de por sí son inferiores a la tarifa de Ineco”. El efecto, a su juicio, es doblemente pernicioso para España, ya que encarga a un precio superior al de mercado y debilita un sector estratégico basado en el conocimiento.Las asociaciones demandantes son la andaluza, gallega, castellano-leonesa, aragonesa, catalana, valenciana, además de la Asociación de Empresas de Consultoría e Ingeniería Independientes de Infraestructuras, Arquitectura, Instalaciones, Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías.
Fuente: El Economista.es
